ENERO 4, 2013 AT 10:15
La arbitrariedad del Gobierno a la hora de regular los medios ya no sorprende y menos cuándo se conocen operaciones como la reciente entrega de las frecuencias asignadas a Ar-Sat a las tres compañías de servicios de telefonía móvil (es decir a su alíado Telefónica, a Movistar y a su, seguramente, nuevo amigo el multimillonario Slim de Telmex) sin ninguna licitación previa, como se esperaría de un Gobierno tan preocupado por la trasparencia en la gestión de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
El amor entre los K y las telefónicas resultó bochornoso desde el inicio (sobre todo desde que avaló la concentración extrema del mercado), pero siempre se puede ir por más. Ahora, en un negociado más que objetable, el Gobierno permitió a Personal, Movistar y Claro que utilicen las frecuecias de Ar-Sat sin ninguna licitación previa y regalando 1.000 millones de pesos. En contrapartida, el Estado obtendrá como beneficio que cooperativas y pymes locales puedan revender sus servicios.
En mayo de 2011 el llamado a licitación de dichas frecuencias tenía un precio base de 935 millones de pesos, no obstante, la licitación fue suspendida el pasado mes de septiembre bajo la excusa, brindada por Julio De Vido, de favorecer el ingreso de nuevos operadores, que finalmente resultaron no ser tan novedosos: las empresas de telefonía móvil
El caso más escandaloso es el del aliado K Telefónica (también dueño del canal de aire Telefé), al cual le fue permitida la fusión con Unifón, allá por 2005. La notable ilegalidad de la operación devino en que la compañía de origen español tuvo que devolver las frecuencias 30 Megahertz (MHz) en la Región Norte, 35 Mhz en el Sur y 37.5 Mhz en AMBA, porque superaban el máximo de ancho de banda permitido de 50 Mhz. Pero el nuevo negociado con los K le permitirá volver a gestionar algunas de esas licencias que había perdido.
En definitiva, Telefónica S.A. cuenta con licencias de LS84 TV canal 11 de Buenos Aires y varios canales del interior, es uno de los principales prestadores de servicios de telefonía móvil del país y ahora se hace con nuevas licencias. Todo esto suena como a concentración multimedial, no obstante, ni Sabatella ni la AFSCA parecen advertir irregularidad alguna. Y cabe destacar que es tan bochornoso este caso que el simple desembarco de telefónica a Argentina como dueño de Telefé ya estaba prohibido por la legislación vigente de 1998, no obstante Néstor Kirchner renovó las licencias en 2003.
También es destacable la negación del gobierno a la hora de sancionar una ley que declare a la telefonía celular como un servicio público, y de esa forma podría regular las tarifas y las condiciones del servicio del mismo modo que se hace con la telefonía fija, pero no, es evidente que el Kirchnerismo se cuida bien a la hora de elegir qué bolsillos defender.
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